Define la RAE el término “injerencia” como: el hecho de “meter una cosa en otra”, “introducir en un escrito una palabra, nota, o texto…”, “introducirse en una dependencia o negocio”, etc. Es decir: inmiscuirse, entrometerse, mangonear, etc. en lo que, por lo general, no nos concierne. En el caso de un Estado, representa la intromisión en sus asuntos o problemas internos. Cuestión esta que atenta al mismo tiempo contra su soberanía, entendida esta como pilar del derecho internacional público.
No obstante, en ocasiones, esta injerencia puede venir invocada por circunstancias que justificarían dicha intervención, bien para prestar ayuda o socorro, o para impedir que la trayectoria política del Estado de que se trate atente contra los intereses legítimos de otros adyacentes. Es lo que internacionalmente se conoce como “deber de injerencia”; algo que, aun careciendo de validez jurídica, puede quedar disculpado bajo una dimensión moral avalada por el derecho humanitario internacional.
Este derecho, recogido ya en el siglo XVII en la obra De iure belli ac pacis, de Hugo Grocio, no es sino un acto legítimo en favor de la humanidad, para poder intervenir contra cualquier tipo de tiranía ejercida sobre los súbditos de un país o Estado en el que, por probidad, es necesario socorrer a la ciudadanía, o a minorías religiosas de las tropelías cometidas por sus gobernantes.
Fue en 1919, cuando el filósofo Jean François Revel, aludiendo a las dictaduras centroafricanas de Bokassa y de Idi Amin Dada, escribió sobre este mismo “deber” de injerencia, siendo avalada su postura algún tiempo después por la ONU en su resolución 43/131 de 1919. Sin embargo, este principio no es defendido unánimemente por la comunidad de naciones, poniendo en cuestión su legitimidad y licitud por entender que enfrenta dos conceptos: el “humanitario” y el propio “derecho de injerencia”, ya que este último, al carecer del término “humanitario”, queda sin contenido jurídico.
Este matiz, en nuestra opinión, resulta imprescindible, pues entendemos que el término “humanitario” siempre debe hallarse moralmente por encima de cualquier expresión jurídica. No obstante y sin extendernos más en este tipo de consideraciones, tomando como referencia el panorama actual de la comunidad geopolítica mundial, estamos obligados a añadir que tal planteamiento afecta, actualmente y de manera muy especial, tanto al continente Europeo como a España en particular, siendo el ilegal y tiránico plan globalista de los gobiernos de la C.E.E., encerrados en su máxima del “nuevo orden mundial”, los encargados de obviar, de modo continuado y capcioso, los derechos y legitimidad de la ciudadanía de todos y cada uno de los Estados miembros en este sentido. E igualmente, no sólo en lo referente a su soberanía sino a la situación particular interna (económica, social, religiosa, etc.) de cada uno de ellos, debido, principalmente, a su obsesión por llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias la Agenda 2030/2050. Ejemplo de ello es la resistencia manifiesta que últimamente algunos de estos Estados miembros vienen mostrando en relación con la obligatoriedad de acoger en sus respectivos territorios un contingente migratorio que, procedente de otros lugares diferentes y a veces desconocidos, llega a sus fronteras sin garantías de seguridad de ningún tipo, y de forma cada vez más masiva. Lo cual, con toda probabilidad, creará a medio o largo plazo, problemas internos, tanto en el seno de la ciudadanía autóctona como de identidad nacional, y en cada una de las naciones que conforman la U.E.
Esta obligatoriedad, impuesta desde Bruselas al conjunto de países comunitarios, contemplada desde la perspectiva que abordamos inicialmente, no es otra cosa que una injerencia injustificada en la política interna del conjunto de la problemática comunitaria europea y de cada país en particular. Una comunidad de naciones que, sin haber hecho dejación en ningún momento de sus singularidades históricas, sociales, políticas, económicas, o religiosas, así como de sus propias legislaciones y fundamentos jurídicos más elementales, se ve coaccionada por la obligación de llevar a cabo actuaciones “justificadas” únicamente por una supuesta intención humanitaria que, en la mayor parte de los casos, es tan sólo el producto elaborado de unas mafias invisibles que actúan con total impunidad en contra de los intereses de esta Europa nuestra, a sabiendas de la tibieza y maleabilidad de sus gobiernos, y contrarios, además, no sólo a los principios e idiosincrasia de los Estados a los que pertenecen, sino al propio ordenamiento jurídico interno de cada uno de ellos, despreciando así, sin escrúpulo alguno, el concepto de nacionalidad que cada uno de ellos representa.
La cuestión migratoria no es, por tanto, una polémica suscitada por el imperioso estado de necesidad de la población de terceros países, involucrados –por los excesos y dejaciones de sus propios gobernantes– en problemas irresolubles. Resulta más bien un asunto de pingües beneficios, no sólo para estas mafias, sino también para esas nuevas generaciones políticas que gobiernan los Estados del mundo. Un afanoso negocio al amparo de las mentes oscuras que desean dirigir los destinos del mundo a través de paradigmas inventados desde el principio de los tiempos; y amparadas totalmente en su poder económico y mediático, así como en la violencia que pueden ejercer, en momentos determinados, sobre aquellos (gobiernos o individuos) que consideren reticentes o felones hacia la infame trayectoria de su propuesta.
Además, el concepto de “responsabilidad de proteger”, que aparece a partir del año 2002 en el informe Evans-Sahnoun, sobre la Intervención y Soberanía de los Estados, ratificado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reafirmando la disposición relativa al compromiso de “proteger a las poblaciones del genocidio, de los crímenes de guerra, de la purificación étnica y de los crímenes de lesa humanidad”, se obvia total y absolutamente, dejando hacer a los delincuentes y perjudicando así a las víctimas.
Lo cual, a tenor de los sucesos acontecidos en Gaza y Palestina en general, también en Líbano y otros lugares de la zona arábiga, donde sus habitantes son masacrados desde tiempo inmemorial por parte del ejército israelí, no deja lugar a dudas respecto a la gran mentira que estos “compromisos” significan. De hecho –tal como añade dicho informe–, si la responsabilidad de proteger corresponde al propio Estado en lo que se refiere a su población y al respeto de sus derechos, y el Estado en cuestión no cumpliera con su tarea, sería la Comunidad Internacional quien tendría la obligatoriedad de actuar en virtud de aquella “responsabilidad de proteger”. Y esto es lo que, desde cualquier punto de vista, no se está haciendo, ni en Europa, ni en Palestina, ni en ninguna otra parte del mundo. La gente muere, es asesinada, padece hambre y sed de Justicia, y nadie, absolutamente nadie con la obligación y responsabilidad de defender y proteger la vida hace nada. La pregunta es, por consiguiente, ¿por qué? Un interrogante sencillo, que no tendría nadie dificultad en responder con absoluta y rotunda claridad, sin ambages de ningún tipo, si la honestidad y responsabilidad políticas fuesen una realidad palpable. Sin embargo, las voces que deberían hablar, y las personas y organizaciones que deberían actuar, no lo hacen.
La falsedad de cuanto está sucediendo en el mundo es evidente. Resulta imposible de esconder. Está ante nuestros propios ojos y, sin embargo, nadie la ve. O, peor aún, nadie quiere verla. Tal vez sea porque ello supondría “mojarse”. Y mojarse resulta muy incómodo. Acaso sea que, en este mundo, ya nadie quiere hacer lo que otro está obligado a cumplir. Ni siquiera por dinero. Sólo hay una respuesta: el egoísmo, la ambición desmedida, la inhumanidad, la mentira… ocupan todos los espacios. Y, desgraciadamente, el último reducto en el que el ser humano puede refugiarse es su propia mente. Puede que, nuestra propia mente. Nuestro propio yo, mezquino, ruin. Tan asquerosamente despreciable, que es capaz de sobrevivir entre la sangre de los inocentes. Y, ¿todavía existen personas que consideran a Zelenski inocente y a Putin culpable? Sin duda, alguien se equivoca. O quizá todos estamos en un error. Un error que podría tener fatales consecuencias.
