El último Pleno municipal trajo consigo una reducción de las bonificaciones en diferentes impuestos, lo que en la práctica supone una subida para determinados contribuyentes. Una situación que se ha repetido en varias ocasiones durante esta legislatura y que contrasta con el discurso del equipo de gobierno, que sigue presumiendo de haber bajado los impuestos. Esta aparente contradicción merece una explicación.
En 2019, cuando Miguel Ángel Oliveira llegó a la Alcaldía, el Ayuntamiento disponía de importantes recursos económicos acumulados durante los años anteriores, en parte como consecuencia de las restricciones de gasto impuestas por la conocida como Ley Montoro. Posteriormente, la suspensión de las reglas fiscales entre 2020 y 2023, acordada por el Gobierno de España, permitió utilizar esos recursos con mayor flexibilidad.
En aquel contexto favorable, el equipo de gobierno anunció diferentes rebajas fiscales, presentándolas como una muestra de su buena gestión. Sin embargo, aquella capacidad económica no surgió de la nada: también respondía a los ahorros acumulados anteriormente y a unas circunstancias excepcionales que permitieron disponer de ellos.
Con el paso del tiempo, las circunstancias han cambiado y las rebajas han ido dando paso a nuevas subidas. Tenemos varios ejemplos: en 2022 aumentó cerca de un 25 % la tasa de basuras y, en 2025, se aprobó una nueva tasa de residuos para adaptarse a la legislación estatal. Aunque esta última modificación respondía a una obligación legal, el Ayuntamiento tenía margen para decidir cómo repartir su coste. En aquel momento defendimos introducir criterios sociales y ambientales, con bonificaciones vinculadas a la renta familiar, el uso del punto limpio o el compostaje.
Desde IU-Alternativa por Tordesillas siempre hemos intentado mantener una actitud propositiva, buscando el diálogo y planteando alternativas. Entendemos que no se trata de oponerse a cualquier incremento de impuestos, sino de exigir que las decisiones fiscales respondan a criterios de justicia social y tengan en cuenta las circunstancias de quienes deben pagarlos.
Precisamente por eso, el debate sobre las ordenanzas fiscales del pasado octubre nos parece especialmente importante. Entre las modificaciones aprobadas destaca la reducción de la bonificación de la plusvalía municipal en determinadas herencias entre familiares cercanos, que pasa del 95 % al 65 %.
Para entender su alcance, pongamos un ejemplo, con cantidades meramente ilustrativas. Imaginemos que una persona hereda la vivienda de sus padres y que la cuota del impuesto, antes de aplicar la bonificación, asciende a 2.000 euros. Con la bonificación anterior tendría que pagar 100 euros; con la nueva, pagaría 700. La misma vivienda, la misma herencia y el mismo impuesto, pero 600 euros más. Es decir, siete veces más.
La justificación ofrecida por el equipo de gobierno nos parecía, en principio, razonable: según se expuso, la recaudación actual no cubre los costes de gestión del impuesto. Entendemos que es legítimo revisar una bonificación cuando el coste de tramitar el tributo supera los ingresos que genera. Sin embargo, también creemos que la propia naturaleza de este impuesto permite distinguir entre situaciones diferentes.
Por ello, presentamos una enmienda para mantener la bonificación del 95 % cuando se heredase la vivienda habitual de la persona fallecida y aplicar el 65 % al resto de inmuebles incluidos en este beneficio fiscal. Considerábamos que era una forma razonable de incrementar los ingresos municipales sin perjudicar de la misma manera a quienes heredan la vivienda familiar. Sin embargo, nuestra propuesta fue rechazada y se aprobó la reducción general de la bonificación. Se ha perdido, en este sentido, una oportunidad para introducir mayor justicia fiscal. No se trata de que todas las herencias estén exentas de tributación, sino de reconocer que no es lo mismo recibir la vivienda familiar que heredar otras propiedades. Si la normativa permite establecer diferencias, consideramos que deben aprovecharse para proteger aquellas situaciones que merecen una atención especial.
Pero este debate no puede separarse de la evolución de las cuentas municipales. Según las estimaciones de Intervención, las modificaciones fiscales aprobadas permitirían ingresar unos 62.000 euros adicionales, de los cuales aproximadamente 22.839 procederían de la plusvalía. Es legítimo que el Ayuntamiento busque recursos para financiar los servicios públicos, pero también debemos preguntarnos por qué necesita incrementar la recaudación y cómo está planificando los ingresos y gastos de los que depende su funcionamiento.
Los presupuestos municipales han crecido considerablemente en los últimos años. En 2023 ascendían a 9,69 millones de euros; en 2024 alcanzaron los 11 millones; en 2025, los 11,58 millones; y en 2026, los 11,93 millones. Un incremento acumulado de aproximadamente el 23 % en tres años.Este crecimiento puede ser positivo si permite mejorar los servicios públicos, pero también exige una planificación económica rigurosa y unas previsiones de ingresos realistas.
Y es precisamente aquí donde encontramos uno de los problemas que venimos denunciando y que ya expusimos en su momento en el Pleno. En 2025, el Ayuntamiento presupuestó 1.250.000 euros por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), pero finalmente se reconocieron apenas 104.753 euros. Más de 1,14 millones de euros de diferencia entre lo previsto y los derechos realmente reconocidos. Pese a ello, en 2026 se volvieron a presupuestar 1,5 millones de euros por este concepto.
Una parte importante de estas previsiones depende de grandes proyectos fotovoltaicos, cuyos ingresos por construcción son variables y no se repiten cada año. Algo parecido ocurre con la plusvalía, cuya recaudación depende de las transmisiones que se produzcan y de sus circunstancias. De hecho, el propio informe de intervención manifestaba dudas sobre las previsiones de ingresos. Por tanto, aunque estas fuentes de financiación puedan aportar recursos importantes al Ayuntamiento, consideramos que las cuentas municipales deben elaborarse con prudencia y no depender excesivamente de ingresos cuya materialización no está garantizada.
A ello se añade que las reglas fiscales vuelven a estar vigentes. En este contexto, intervención municipal ha advertido de un riesgo de incumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria. No estamos hablando de un incumplimiento confirmado, pero sí de una advertencia que merece ser tomada en serio y que debería llevar al equipo de gobierno a reflexionar sobre su planificación económica.
Es positivo que el Ayuntamiento no tenga deuda bancaria y disponga de recursos económicos. Sin embargo, una buena gestión no consiste únicamente en mantener dinero en las cuentas municipales. También implica elaborar presupuestos realistas, controlar la evolución del gasto y establecer prioridades que respondan a las necesidades de Tordesillas.
Por eso creemos que el debate fiscal no puede limitarse a cuánto más se pretende recaudar. Cuando se pide un esfuerzo adicional a los vecinos y vecinas, especialmente si afecta a la herencia de la vivienda familiar, es razonable exigir al mismo tiempo una gestión económica rigurosa y una explicación clara de las prioridades municipales.
