En el último pleno municipal el Partido Popular presentó una moción con la que se pretendía instar al gobierno a cambiar el sistema de financiación local, modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y eliminar la tasa de reposición de efectivos. Una moción cuyas peticiones entendemos desde IU-Alternativa por Tordesillas son lógicas y coherentes y por ello la apoyamos. Las normas actuales obligan en la práctica a los ayuntamientos a contener el gasto y ahorrar parte de sus recursos, limitan cuánto puede aumentar el gasto de un año para otro y dificultan la contratación de nuevos trabajadores municipales. Es decir, aunque un Ayuntamiento tenga dinero, no siempre puede gastarlo ni utilizarlo libremente para atender las necesidades de sus vecinos.
Es decir, la parte propositiva, en general, no era algo que debiera generar debate para todos aquellos que defendemos el municipalismo y cierta autonomía para los Ayuntamientos, que asumen cada vez más responsabilidades, siendo, además, la administración más cercana a las vecinas y vecinos, y por lo tanto, con mayor capacidad de conocer los diferentes problemas presentes en la sociedad.
Por el contrario, la exposición de motivos considerábamos que tenía una redacción algo “sesgada”, lo cual puede ser lógico si tenemos en cuenta que era una propuesta de un partido político. Pero la realidad es que vendía una eficacia en la gestión municipal que no podíamos compartir.
El Partido Popular afirmaba que Tordesillas es un ejemplo de gestión responsable. Recordaba que en 2013 el Ayuntamiento tenía una deuda cercana a los 2,1 millones de euros y sostiene que, gracias al esfuerzo realizado durante estos años y a una gestión económica rigurosa, esa deuda se ha reducido hasta los cero euros. También presume de un remanente de tesorería cercano a los 4,5 millones.
Que el Ayuntamiento de Tordesillas tiene unas cuentas saneadas es indiscutible. Pero una cosa es reconocer una buena posición financiera y otra “marcarse el tanto” de que sea consecuencia exclusiva de una gestión excepcional del equipo de gobierno.
Existe una primera contradicción en el propio discurso del Partido Popular. La moción denuncia que la Ley de Estabilidad y la regla de gasto han impedido durante años a los ayuntamientos utilizar libremente sus recursos, lo cual es cierto, pero no podemos olvidar que esas mismas reglas fiscales han obligado durante años a las entidades locales a contener el crecimiento del gasto, mantener el equilibrio presupuestario y controlar su endeudamiento. Es difícil denunciar una ley porque obliga a contener el gasto y, al mismo tiempo, atribuirse como mérito político exclusivo haber acumulado dinero.
La reducción de la deuda es positiva y las decisiones de los diferentes gobiernos municipales también han influido en ella. Pero Tordesillas no ha vivido al margen de un marco fiscal diseñado precisamente para reducir el endeudamiento de las administraciones locales. De hecho la baja deuda no es una singularidad absoluta de nuestro municipio. Ayuntamientos de nuestro entorno han experimentado durante estos años procesos similares de reducción del endeudamiento. Por tanto, presentar la situación financiera de Tordesillas como algo derivado exclusivamente de la gestión del equipo de gobierno es obviar una coyuntura que ha marcado la economía municipal de todos los ayuntamientos.
Por otra parte, independientemente del origen del saldo de una cuenta bancaria, también hay elementos de previsión y gestión que difícilmente pueden calificarse de “eficaces”. Aquí, por ejemplo nos encontramos con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el conocido ICIO. Para 2025 se presupuestaron 1,25 millones de euros al respecto, pero al terminar el año apenas se habían reconocido 105.000 euros: más de un millón de euros de diferencia entre lo previsto y la realidad. Y, pese a ese precedente, para 2026 la previsión vuelve a subir hasta los 1,5 millones de euros. Informes de Intervención municipal han advertido del carácter variable de estos ingresos y del riesgo que supone que las previsiones no se cumplan. Por eso, cuando se presume de buena gestión, también debemos hablar de prudencia y realismo: gestionar bien no es solo tener dinero en el banco, sino elaborar presupuestos sobre ingresos que realmente puedan llegar.
Pero detrás de las cifras del ICIO existe además una cuestión que me preocupa especialmente. Una parte muy importante de las previsiones de este impuesto en Tordesillas está vinculada a la implantación de grandes plantas fotovoltaicas y a sus infraestructuras asociadas. No estamos hablando, por tanto, de un crecimiento ordinario y estable de la actividad económica municipal. Estamos hablando en buena medida de ingresos extraordinarios asociados a grandes proyectos fotovoltaicos. Y el ICIO tiene una característica fundamental: se cobra una vez. Una planta fotovoltaica se construye una vez. El Ayuntamiento recibe el impuesto derivado de esa instalación una vez. Después, ese mismo proyecto no vuelve a generar cada año un ingreso equivalente por ICIO. Mientras tanto estamos modificando nuestro paisaje, generando un importante impacto ecológico y transformando un territorio histórica y culturalmente agrario en grandes extensiones dedicadas a la producción de energía cuyos beneficios, por lo general, apenas repercuten en los lugares donde se instalan. Y sabiendo que muchos de estos proyectos vienen impuestos desde administraciones superiores, no parece acertado que el equipo de gobierno vincule el aumento de la recaudación a una supuesta “gestión eficaz”. No son proyectos planificados por el Ayuntamiento y, como hemos visto, ni siquiera es fácil prever cuándo se materializarán esos ingresos.
Mientras continúen llegando nuevas plantas, el Ayuntamiento podrá seguir incorporando previsiones importantes por este concepto. Pero ese ritmo no puede mantenerse indefinidamente. El territorio es finito. Llegará un momento en el que el número de nuevos proyectos se reduzca y, cuando eso ocurra, los ingresos extraordinarios por ICIO caerán. Por eso, en parte, siempre he defendido que el modelo de implantación masiva de grandes fotovoltaicas es pan para hoy y hambre para mañana.
Soy partidario de las energías renovables y de una transición energética urgente. Pero transición energética no significa aceptar que nuestros campos puedan convertirse sin límite en polígonos industriales de producción eléctrica.
Pero las dudas sobre la gestión no están solo en los ingresos. También están en la capacidad para llevar a cabo las inversiones que se anuncian. Según los propios informes municipales, en los últimos años el Ayuntamiento ha ejecutado de media apenas un tercio de las inversiones previstas. Es decir, una cosa es presentar cada año un presupuesto lleno de proyectos y otra muy distinta conseguir llevarlos a cabo. De hecho, la propia Intervención utiliza esa baja ejecución histórica para sus cálculos.
Y tenemos ejemplos muy concretos. Uno de los grandes proyectos anunciados durante esta legislatura fue el Plan de Sostenibilidad Turística. Entre sus actuaciones destacaba la ampliación y mejora de las Casas del Tratado y la mejora de la accesibilidad a la Sala de Exposiciones. Para ello, el Ayuntamiento llegó a comprar un inmueble en la calle Libertad. Sin embargo, las autorizaciones necesarias no llegaron a tiempo y la actuación terminó quedándose fuera del proyecto; las últimas modificaciones del Plan tuvieron que tramitarse con urgencia para adaptarse a los plazos de los fondos europeos.
El resultado es que se generaron unas expectativas, se compró un inmueble para una ampliación que no se ha realizado y, de momento, ese edificio no se ha convertido en el activo turístico para el que se justificó políticamente su adquisición. No se trata de negar la complejidad de gestionar fondos europeos ni el enorme trabajo realizado por los técnicos municipales. Se trata de reconocer que también aquí hubo falta de previsión: se vendió la piel del oso antes de cazarlo.
En este sentido hay que tener clara una premisa: tener dinero no significa que todas las decisiones económicas sean acertadas. La propia Intervención municipal ha cuestionado actuaciones concretas.
Ejemplo de ello son los gastos vinculados al partido de Copa del Rey celebrado en Las Salinas. Se reconocieron facturas por graderío, generadores e iluminación por un importe total superior a los 35.000 euros. Intervención formuló un reparo suspensivo señalando problemas en la tramitación de las contrataciones. Esto probablemente se habría evitado si el equipo de gobierno no se hubiera cerrado en banda inicialmente a celebrar el partido en el Estadio Municipal de Las Salinas. Cuando se empieza a gestionar tarde, se termina trabajando con prisas y se cometen errores que una buena planificación podría haber evitado.
Por lo tanto, está claro que Tordesillas no tiene un problema de solvencia. Sus cuentas están saneadas, su endeudamiento es muy reducido y el Ayuntamiento paga con rapidez a sus proveedores. Son datos positivos y no tengo ningún problema en reconocerlos. Pero tampoco existe un milagro económico atribuible exclusivamente al actual equipo de gobierno.
La situación financiera del Ayuntamiento es el resultado de muchos factores: años de aplicación de unas reglas fiscales restrictivas, decisiones adoptadas por diferentes corporaciones municipales y la existencia de ingresos extraordinarios derivados de grandes proyectos económicos y energéticos que el propio Ayuntamiento no controla. Es decir, no es fruto de planificación.
Y junto a esos buenos datos existen también debilidades que aparecen en la propia documentación municipal: previsiones de ingresos que no se materializan, advertencias de Intervención, una ejecución históricamente baja de determinadas inversiones y decisiones concretas cuya tramitación o prioridad política es legítimo cuestionar.
