El Pleno del Ayuntamiento de Tordesillas ha aprobado una moción presentada por el Grupo Municipal Popular en la que se exige al Gobierno de España la aprobación urgente de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), ante la situación de inestabilidad financiera generada por la prórroga presupuestaria vigente. La moción contó con el respaldo de Vox e Izquierda Unida, mientras que el Grupo Municipal Socialista votó en contra.
El alcalde y portavoz del Grupo Popular, Miguel Ángel Oliveira, denunció durante la sesión plenaria que “esta situación está provocando un estrangulamiento económico en las cuentas municipales que impide a los ayuntamientos planificar nuevas inversiones, atender compromisos básicos y actualizar los salarios de los empleados públicos, que siguen viendo congeladas sus retribuciones por una irresponsabilidad política que no tiene justificación”.
El texto aprobado solicita que, en caso de no alcanzarse un acuerdo político para aprobar unos nuevos presupuestos en un plazo razonable, se convoquen elecciones generales que devuelvan la palabra a la ciudadanía. “No se puede gobernar un país a base de parches temporales y promesas incumplidas. Los municipios necesitamos certezas y recursos, no excusas”, insistió Oliveira.
La moción también insta al Ejecutivo central a adoptar medidas compensatorias inmediatas, como la actualización de las entregas a cuenta y el abono de liquidaciones pendientes, para aliviar la presión financiera que sufren entidades locales como Tordesillas.
El Grupo Popular ha agradecido el respaldo de Vox e Izquierda Unida a una moción “centrada en la defensa de los intereses de los vecinos y del buen funcionamiento de los servicios públicos municipales”. Al mismo tiempo, ha lamentado el rechazo del Grupo Socialista, “que ha optado por alinearse con el Gobierno central en lugar de apoyar a los ayuntamientos y sus trabajadores”.
La sesión plenaria ha reflejado la creciente preocupación entre los responsables municipales por la falta de recursos que afecta al día a día de los servicios públicos y, en consecuencia, a la calidad de vida de los ciudadanos.
