Una vida tranquila y sosegada (fragmento I)

por La Senda

Fernando del Pino Calvo-Sotelo, 30 de septiembre de 2026. Extraído de su Blog cuyo enlace es: http://www.fpcs.es

Me alegra mucho comunicar a mis lectores que mi primer libro, Una vida tranquila y sosegada, acaba de ser publicado por Unión Editorial. Pueden adquirirlo en la web de la propia Unión Editorial, en amazon y otras plataformas o en librerías. En él me pregunto si funciona el sistema político-económico en Occidente y si nuestras autoridades facilitan que los ciudadanos podamos llevar «una vida tranquila y sosegada», como exhortaba san Pablo hace dos mil años. El artículo de hoy es un extracto del mismo. Espero que disfruten leyéndolo como yo he disfrutado escribiéndolo.

Individuo contra Estado: el principio de subsidiariedad

El principio de subsidiariedad es uno de los principios rectores de la sociedad más relevantes para que los ciudadanos podamos vivir una vida tranquila y sosegada.Sin embargo, continúa siendo poco conocido

entre el público e ignorado por el poder político, pues el principio de subsidiariedad le marca sus lindes, y, como por su propia naturaleza, el poder tiende a expandirse, es natural que le incomode. El asfixiante rol que el Estado ha ido obteniendo en las sociedades occidentales en perjuicio del legítimo ámbito de libre actuación del individuo es consecuencia de esta ignorancia dolosa.

¿En qué consiste el principio de subsidiariedad? Para comprenderlo, debemos partir de una premisa: el reparto del espacio de acción entre el Estado y el individuo es un juego de suma cero: cuanto más espacio tenga reservado el Estado para sí, menos espacio contará el individuo para su propio desarrollo en libertad. El principio de subsidiariedad, por tanto, será el que marque los «estrechos límites»1 de actuación del Estado.

Este principio filosófico es de un calado inmenso, pues «la experiencia constata que la negación de la subsidiariedad, o su limitación en nombre de una pretendida democratización o igualdad de todos en la sociedad, limita, y a veces también anula, el espíritu de libertad y de iniciativa»2. La más nítida definición del principio de subsidiariedad se lo debemos a la Doctrina Social de la Iglesia: «Sigue

1 R. TERMES, Antropología del capitalismo (Rialp, Madrid 2001) 354.

2 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 187.

en pie y firme el gravísimo principio inamovible e inmutable de que no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, por lo que tampoco es justo quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos»3. El Estado no debe ocupar innecesariamente el espacio y la función que desarrollan organizaciones sociales inferiores, como el individuo, la familia, la empresa, la comunidad o las organizaciones caritativas privadas.

En definitiva, el Estado no puede sustraer a los individuos la capacidad —y el derecho, caramba— de hacer lo que pueden realizar por sí mismos. Hacerlo supondría, en definitiva, arrebatarles parte de su dignidad como seres humanos.

Subsidiariedad proviene de subsidium, es decir, «ayuda», lo que significa que el Estado está para ayudar proveyendo las condiciones bajo las que la iniciativa privada pueda florecer, pero no para sustituir o absorber el papel de los ciudadanos4 . Ayudar no es reemplazar; es más, reemplazar es desayudar, como constatamos, por ejemplo, cuando los padres sobreprotectores hacen los deberes de sus hijos. Por este motivo, cuando, en su codicia de poder, el Estado utiliza la coartada de proteger a la sociedad de todo mal jugando a ser omnipotente —un atributo divino—, rompe el principio de subsidiariedad y provoca un gran daño en el individuo y en la sociedad.

El daño provocado por el Estado de Bienestar

El experimento social que ha constituido el mayor ataque a dicho principio de la historia ha sido el Estado de Bienestar, aunque la propaganda ha sido tan constante y eficaz que comprendo que el lector considere cualquier crítica a este modelo poco menos que escandalosa. ¿Acaso no constituye el Estado de Bienestar un avance de la civilización y simboliza el principio de solidaridad?

Nada más lejos de la realidad. Lo que simboliza el Estado de Bienestar es el simple y abusivo aumento del poder del Estado frente al individuo. En efecto, la apariencia de legalidad y altruismo con la que el Estado Providencia (o Estado Vampiro, en acertada expresión del pensador francés Gustave Thibon) chupa la sangre a sus ciudadanos no debe confundirnos. Quizá por ello san Juan Pablo II advertía contra los «excesos y abusos» que ha generado el Estado de Bienestar, que derivaban principalmente de una «inadecuada comprensión de los deberes propios del Estado», y reiteraba la importancia crucial de respetar «el principio de subsidiariedad»5.

El Estado de Bienestar desliga libertad de responsabilidad, socavando ambas. Por este motivo, Thibon advertía que había que procurar, por un lado, «que los individuos no se vean tentados a descargar sobre el Estado sus responsabilidades personales», y, por el otro, «que los incapaces y perezosos no estén asegurados automáticamente contra sus propios fracasos, aun cuando ello pueda acarrear algunas injusticias»6.

Al desligar libertad de responsabilidad, el Estado de Bienestar elimina el poderoso incentivo que supone el sistema de prueba y error, castrando de este modo su extraordinario potencial pedagógico. Debido a esta sobreprotección, la sociedad se vuelve más frágil y el bien común queda dañado. Como decía Nassim Taleb, «si la “antifragilidad” es la propiedad de todos aquellos sistemas naturales que han sobrevivido, privar a estos sistemas de volatilidad, aleatoriedad y factores estresantes les perjudicará. Así hemos estado fragilizando la economía, nuestra salud, la vida política, la educación»7. Además, la eliminación del sistema de prueba y error suprime la función informativa que posee el dolor para evitar la repetición de conductas autolesivas. Por lo tanto, en las sociedades en las que artificialmente intenta suprimirse el dolor no se produce ningún aprendizaje, y sus miembros vuelven a tomar decisiones autolesivas y destructivas una y otra vez.

Éste no es el único mecanismo destructor que tiene el Estado de Bienestar. En efecto, al vender servicios aparentemente gratuitos, también destruye el valor informativo de los precios, y, a través de su insaciable voracidad recaudatoria, que alcanza en ocasiones un carácter confiscatorio, el Estado de Bienestar también carcome la propiedad privada. El historiador Richard Pipes no dudaba de que «las medidas del bienestar social democrático han usurpado derechos de propiedad y libertad de un modo más sutil y sin duda menos violento [que el comunismo], pero a la larga tal vez no menos peligroso» 8 . El profesor Dalmacio Negro también observaba preocupado cómo «el Estado Providencia reconoce una ilimitada libertad política formal que le sirve de coartada para legitimarse ritualmente, principalmente mediante el voto, mientras socava y destruye las demás libertades»9.

Finalmente, juzgándolo por sus resultados (¿cómo juzgarlo, si no?), el Estado de Bienestar ha sido un desastre, como bien apuntaba Rafael Termes: «El Estado de Bienestar, en manos de políticos que buscan sus propios objetivos de perpetuación en el poder, produce efectos contrarios a los que dice perseguir: el seguro de desempleo amplio y duradero produce más paro; la ayuda a los marginados produce más marginación; los programas contra la pobreza producen más pobres; la protección de las madres solteras y las mujeres abandonadas multiplica el número de madres solteras y hogares monoparentales»

El Estado de Bienestar ha ido depauperando a la población a través de sus elevados impuestos, del lastre de sus absurdas y tiránicas regulaciones y de la desincentivación del riesgo. Esta depauperación, que explica que cada vez haya menos propietarios y más perceptores de subsidios, tendrá consecuencias que ya estamos viviendo, entre las que está un paulatino retraimiento de la libertad. De este modo cobra sentido la posibilidad que anunciaba Byung-Chul en una dramática sentencia expresada —tomen nota— en pretérito perfecto compuesto: «La libertad ha sido un episodio»11. Como afirmaba Jouvenel, «mientras el pueblo de hombres libres que participan en el poder público esté integrado únicamente por personas que tengan intereses individuales que defender, la libertad les parecerá preciosa y el poder peligroso. Pero cuando este “pueblo político” esté integrado por una mayoría de personas que nada tienen o creen tener que defender, y al que le repugnan las excesivas desigualdades de hecho, entonces se empieza a apreciar únicamente la facultad que la soberanía confiere para subvertir una estructura social inicua: es la hora del mesianismo del Poder»12. Es la hora, en definitiva, del nuevo totalitarismo al que nos dirige el Estado de Bienestar.

El Estado de Bienestar es también el Estado del Miedo, como describía Jouvenel con su habitual precisión: «El rasgo psicológico de nuestro tiempo es el predominio del temor sobre la confianza en uno mismo. El obrero tiene miedo de quedarse sin trabajo, miedo a una vejez sin ahorro; por eso reclama lo que hoy se conoce como Seguridad Social». Este miedo afecta a todos: «No menos asustadizo se muestra el banquero, pues todos los individuos, todas las clases tratan de apoyar su existencia individual en el Estado, es decir, tienden a tomarle por asegurador universal»13. El Estado de Bienestar promueve una Cultura del Miedo porque es precisamente ese miedo el que le permite aumentar cada vez más su poder.

Este miedo ha sido siempre utilizado por el viejo trueque del Poder: dame tu libertad que yo te daré seguridad, porque la libertad exige responsabilidad, tomar decisiones, acertar, equivocarse y asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Pero lo que pasa generalmente desapercibido es que la ansiedad por encontrar una garantía de seguridad lleva siempre aparejada la pérdida de libertad. Por eso, Jouvenel era tan categórico: «No es necesario demostrar que cuando se busca la seguridad lo que se encuentra es el Estado totalitario»14. Por eso, en la Antigua Roma había esclavos que no deseaban ser manumitidos, pues temían la inseguridad que acompañaba a la libertad.

No obstante, lo más perverso del Estado de Bienestar es que hace creer al común de los ciudadanos que nunca podrá valerse por sí mismo, sino que siempre necesitará al Estado, una creencia falsa y denigratoria que se opone frontalmente tanto al bien común como al principio de subsidiariedad que debe regir toda sociedad. De este modo, el ciudadano «posee toda la seguridad del esclavo en lo referente a la subsistencia, y sin los riesgos del castigo»15.

Antecedentes del Estado de Bienestar: Grecia y Roma

Hace 2.600 años Atenas se convirtió en la primera democracia de la historia, experimento cuya decadencia comenzó de forma invisible, pero inexorable, en el momento en el que los ciudadanos de Atenas comenzaron a pensar sólo en sus derechos y no en sus deberes. Al buscar que el Estado les garantizara privilegios y no su libertad, como en los viejos tiempos, los atenienses fueron perdiendo el gusto por esa misma libertad. «Las masas prefieren una persona que les adule que una que les beneficie», resumió Isócrates con resignación. Los hombres que sonreían hipócritamente a las masas y ganaban sus votos no eran estadistas, sino demagogos que prometían que todo ateniense tuviera asegurada una entrada gratuita para el teatro. Esto conllevó un aumento de la presión fiscal a pesar de que en Atenas los impuestos habían sido tradicionalmente considerados un rasgo característico de la tiranía. Edith Hamilton, una de las mayores expertas en la Antigua Grecia, resumió así el fracaso de Atenas: «Lo que el pueblo quería era un gobierno que les proveyera de una vida cómoda, y con esto como objetivo principal, las ideas de libertad y autosuficiencia quedaron oscurecidas hasta el extremo de desaparecer. La libertad que ahora quería Atenas era sentirse liberada de cualquier responsabilidad. Sólo podía haber un resultado. Si los hombres insistían en liberarse de las cargas naturales de la vida (…) dejarían de ser libres por entero, puesto que la responsabilidad es el precio que todo hombre debe pagar por su libertad. Atenas había alcanzado el fin de su libertad, y jamás la recuperaría»16.

Más o menos a la vez que nacía la democracia ateniense surgía la República de Roma. La República romana había construido un delicado equilibrio de poderes. Existía un Senado de carácter aristocrático (etimológicamente, el gobierno de los mejores), un poder ejecutivo formado por los magistrados (cuyo máximo exponente eran los dos cónsules elegidos por un año y con mutuo poder de veto), y sus asambleas o concilios. Entre ellas destacaba la asamblea de la plebe, de carácter nítidamente democrático, que elegía a sus propios tribunos. Pues bien, un tribuno de la plebe, Tiberio Graco, quiso introducir una ley de redistribución de la riqueza:

«Que la República interviniera para equilibrar el reparto de riqueza que los ciudadanos de Roma habían creado entre todos, ricos y pobres por igual, era algo nuevo. Cuando el Senado se negó a apoyar la propuesta, Tiberio decidió romper con la tradición y plantear su moción directamente ante la asamblea de la plebe (…)

pensando que no podría triunfar en política si obedecía las reglas existentes»17. Tiberio Graco sería pronto asesinado a garrotazos por una turbamulta pagada por el Senado, pero se había puesto en movimiento una fuerza corrosiva que no terminaría con su muerte. Su hermano Cayo, elegido también tribuno de la plebe, fue mucho más allá en sus pretensiones y aprobó una ley para distribuir cereal a todos los ciudadanos romanos que lo desearan a precios por debajo de mercado, todo ello financiado —faltaría más— con dinero público. Además, propuso extender el derecho a la ciudadanía, reducir el poder del Senado y repartir parcelas de tierra pública entre los pobres. La semilla de la destrucción de la República ya había sido sembrada. Como nos recuerda el historiador Pedro Barceló, «la plebe de la ciudad de Roma fue mostrando una creciente disposición a dar su voto en los comicios a aquel candidato que estuviera dispuesto a garantizar del mejor modo sus intereses materiales, por lo que la manipulación de los comicios a través de la compra de votos se convertiría a partir de entonces en un método habitual de la política»18.

En su interesante ensayo: Rome, du libéralisme au socialisme, Philippe Fabry muestra la «mutación socialista» que explicaría el declive de Roma comenzando en el siglo III a.C. Al término de la Segunda Guerra Púnica, Roma había derrotado a su secular rival Cartago y se había convertido en dueña y señora de todo el Mediterráneo, pero debía afrontar un dilema, el mismo al que se enfrentaría EEUU al caer la Unión Soviética: ¿qué hacer con un ejército tan poderoso cuando me he quedado sin enemigos? La solución estribaba en crearse más enemigos. De este modo, la todopoderosa Roma se embarcó en una vasta expansión territorial que le llevaría a conquistar la Galia, Britania (hasta el muro de Adriano), Centroeuropa (hasta la frontera natural del Rin y del Danubio), los Balcanes, Asia Menor y el norte de África. Dicha sucesión de conquistas modificaría para siempre el modelo socioeconómico romano «al provocar una afluencia considerable de riquezas ganadas» por la obtención de botín de guerra, y no por el trabajo19. Para Roma, este «enriquecimiento a través de la depredación» 20 contribuyó decisivamente a la corrupción de su sistema de libertades.

Comenzó entonces a permear en la sociedad romana una serie de ideas socialistas hasta entonces desconocidas. Se distribuyó a los ciudadanos el ager publicus, tierras que eran propiedad del Estado, se anularon las deudas de los pobres y se estableció la distribución de trigo por debajo de su precio real. A partir de entonces, «el debate político se estructuró alrededor del papel socioeconómico del Estado y no alrededor del Derecho y de la libertad individual, como había ocurrido en los primeros siglos de la República Romana»21. Ahora la lucha que se producía consistía en ver quién podría obtener un mayor trozo del pastel del Estado, y la

sucesiva creación de precedentes aumentaba cada vez más las expectativas del pueblo. Hubo otra consecuencia no deseada: «El aumento de la influencia del Estado sobre la sociedad, la multiplicación de normas y reglamentos, la necesidad de registrarse y de obtener autorizaciones» aumentó la corrupción de los funcionarios de forma proporcional al aumento de su poder. De este modo, en la Roma imperial «se desplegó toda la panoplia del Estado socialista: redistribución, empleos públicos y subvenciones»22.

El Imperio romano se transformó poco a poco en un esquema Ponzi cuya supervivencia financiera dependía de lograr constantemente nuevas expansiones territoriales. Cuando dicha expansión se terminó y el oro dejó de fluir hacia el Tíber, el esquema Ponzi —definitorio de los Estados de Bienestar modernos— se derrumbó estrepitosamente.

De estos dos importantes episodios históricos pueden extraerse tres lecciones. La primera es que la naturaleza humana y la naturaleza del poder político no cambian: plus ça change, plus c’est la même chose. Cuando un sistema político incentiva la injusticia y la mentira que supone vivir por encima de nuestras posibilidades, y lo hace mediante el sencillo sistema de meter la mano en el bolsillo del vecino mientras se grita ¡igualdad!, el resultado es tan tenebroso como previsible. Como decía Montesquieu, «no hay tiranía más atroz que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo los colores de la justicia»23.

Asimismo, cuando este recurre al populismo y al clientelismo, es decir, a la adulación de las masas y a la compra de sus voluntades con dinero público, se pone en marcha un mecanismo de disolución social que resulta muy difícil —si no imposible— revertir. Por eso, la segunda lección que podemos extraer del final de Grecia y Roma es la siguiente. Ningún padre cría y educa a sus hijos buscando su aplauso; si lo hiciera, los destruiría. En el mismo sentido, contrariamente a lo que se cree, la decisión de considerar el aplauso de las masas como el elemento clave de la acción política no conduce a nada bueno. No cabe duda de que un sistema en el que el gobernante esté completamente protegido del descontento del gobernado resulta contrario al bien común. Pero, igualmente inadecuado es un sistema de gobierno basado exclusivamente en el aplauso del gobernado.

La tercera y última lección es que, cuando quien ostenta el poder abandona la búsqueda del bien común y se dedica a favorecer exclusivamente sus propios intereses políticos —alcanzar o permanecer en el poder—, se ponen en marcha fuerzas destructoras que acaban pervirtiendo el sistema. La pregunta inmediata que viene a la cabeza es si este proceso es, a la larga, inevitable. En otras palabras, dada la naturaleza caída del hombre, ¿no será consustancial que quien ostenta el poder

tienda a defender sus propios intereses y abusar del pueblo que gobierna con olvido del bien común? ¿No llega a constituir el poder un peso excesivo para el ser humano? La respuesta, basada en la fuerza abrumadora de la experiencia histórica, en la antropología cristiana y en el sentido común, debe ser positiva. Por eso, un sistema político diseñado con sabiduría no puede depender nunca de la bondad de quien gobierna ni esperar con los dedos cruzados que el que alcance el poder sea bueno. Al contrario, se defenderá de forma preventiva tomando en consideración la naturaleza caída del hombre y su tendencia natural al abuso de poder, y encontrará formas para que los gobernados puedan librarse de un gobernante abusivo.

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