La principal función de las administraciones públicas, ya sea local, autonómica o estatal, es la de garantizar los derechos de los ciudadanos (sanidad, educación, dependencia…) para ello utilizan los servicios públicos.
Durante años, desde los medios de comunicación o con declaraciones constantes de diferentes dirigentes políticos (principalmente de los partidos mayoritarios) se ha implantado la falsa idea de que la gestión privada de estos servicios es mejor, pero es necesario señalar que no es verdad. De hecho la experiencia remunicipalizando servicios de municipios como Valladolid o Benavente, ha sido tremendamente positiva por lo que significa para usuarios y para trabajadores, y es que, la gestión pública supone poner en el centro al ciudadano frente al interés económico.
Siempre se ha intentado vender la gestión privada cómo una gestión más barata, pero no es así por dos razones fundamentales: en primer lugar que las administraciones públicas no pagan el IVA (es decir, si un Ayuntamiento está gestionando de forma directa un servicio público no tiene que pagar este impuesto) y en segundo lugar porque tienen una bonificación del 99% en el impuesto de sociedades a la hora de realizar el servicio. Esto genera que salga más barato a los usuarios o a los Ayuntamientos cuando lo gestionan directamente, sobre todo porque estos, gran parte de las veces, deben transferir dinero a las empresas privadas para que sean rentables (es decir, que sin dinero público no habría enriquecimiento económico).
No nos podemos olvidar tampoco de la cercanía al ciudadano, lo que supone más control por parte de este, y es que si la gestión depende directamente de la administración es mucho más fácil presionar al responsable, ya que son cargos electos, que al dueño de una empresa al que, probablemente, no tengamos acceso puesto que muchas veces se trata de empresas muy grandes.
Cabe señalar también un componente de mejora laboral puesto que si los trabajadores dependen de la administración pública, será mucho más sencillo para ellos negociar convenios donde poder ver plasmadas una mayor parte de sus reivindicaciones.
Por último, debemos señalar la repercusión en el comercio del municipio, debido a que al final la administración local tiende a comprar en el comercio de proximidad contribuyendo a dinamizar la economía de la zona.
La gestión directa de los servicios públicos se convierte entonces en un recurso que hay que tener muy presente ya que es mucho más económica y garantista para los vecinos y vecinas. Incluso, y aunque no sea una primera opción, los Ayuntamientos debieran tenerla sobre la mesa si de pronto alguna empresa privada gestiona un servicio público de forma poco satisfactoria. Es el caso de la gestión de la Residencia Villa de Tordesillas, un equipamiento de propiedad municipal que gestionada por una empresa bastante grande con la que los usuarios no están nada contentos. Tanto es así que hasta hicieron concentraciones a su puerta adonde acudió el propio equipo de gobierno municipal mientras vendía en prensa que se iba a abrir un expediente al respecto del que nunca se ha sabido nada. Lo curioso es que a pesar de que la gestión lleva tiempo en cuestión, jamás se ha replanteado la remunicipalización del servicio, algo que, en nuestra opinión, debería estar encima de la mesa no sólo porque pensemos que desde lo público se gestiona mejor, sino como mera forma de
